En términos generales, la derecha unida (Chile Vamos), con un importante financiamiento y apoyo de medios de comunicación, sale muy debilitada alcanzando solo 37 escaños de los 155 disponibles para la redacción de una nueva Constitución en la Asamblea Constituyente, perdiendo la facultad de bloquear por sí sola ningún proyecto de ley al no alcanzar un tercio necesario. La exConcertación logra 25 escaños; y con esto se rompe el bipartidismo que imperó en el gobierno desde 1990. La izquierda se convierte en la segunda fuerza política con 28 escaños, además de hacerse del poder local en las más importantes alcaldías del país como Viña del Mar, Valparaíso, o como el Partido Comunista que arrasó en la Recoleta en Santiago, pues también se votó por alcaldes y gobernadores. La gran sorpresa son los independientes que se hicieron de 48 escaños. Un logro importante también son los 17 escaños reconocidos para los pueblos originarios.
Si
hay algo que nos van a recordar los chilenos a toda la comunidad internacional
por el resto de nuestros días, será la composición inédita en la historia
constituyente global de crear una Constitución con paridad de género. Para
evitar la sobrerrepresentación de un sexo, los números quedan así: de un total
de 155 escaños, 78 son para hombres y 77 para mujeres, y como dicen por ahí,
uno no es ninguno.
Chile
tiene una población que es de aproximadamente 19 millones de personas y cuyo
perfil demográfico se compone de la siguiente forma: 20% de la población tiene
hasta 14 años; el 14%, entre 15 y 24 años; y el 42.5%, entre 25 y 54 años. Un
20 % son pueblos originarios, y hasta un 7.5 % son extranjeros. En ese contexto,
hubo una baja participación, pues únicamente el 42,5 % del electorado estuvo en
las urnas, con un total de 6.334.581 de votos según el portal Decide Chile.
Esta poca participación se interpreta como una pérdida de interés, aunque no
hay que dejar de lado la situación sanitaria e incluso el hecho de denuncias
por falta de transporte el domingo 16 de abril, segundo día de votaciones.
También sin soslayar que la partición alcanzada en la votación para aprobar una
nueva Constitución solo fue del 50.9 %, y que en las últimas dos elecciones
presidenciales (2013 y 2017), la participación estuvo cerca del 49 %, por lo
que no creo que sea algo que deba sorprender a nadie. De cualquier forma,
¿este déficit participativo será mencionado una y otra vez para deslegitimar,
en el imaginario colectivo, los proyectos que vayan surgiendo en la
Constituyente según los intereses de un grupo u otro y que lleve a una prórroga
dificultando las negociaciones y una resolución?
Respecto
a los independientes hay que recordar que 11 escaños son para el grupo de la Nueva Constitución, independientes de
centro y centro derecha que, por naturaleza ideológica, sus propuestas se
inclinarían más a lo que rechazan las fuerzas progresistas y de izquierda, sin
descartar que estarían en sintonía con las propuestas de los partidos del mismo
perfil político. Unos 25 escaños para la Lista
del Pueblo, surgida en el corazón de las protestas iniciales, si bien no le
otorgan una fuerza preponderante, podrían converger con los planteamientos de
la izquierda dura con sus 28 cupos,
todo dependerá del diálogo y entendimiento. Los restantes 13 escaños son para
independientes que no están agrupados en ninguna lista, pero que uno podría
suponer son susceptibles a ser cooptados por una fuerza u otra para estar en
una línea común. Esta heterogeneidad que se presenta, como bien dice una
editorial de La Tercera respecto a los independientes, dificulta los procesos
de negociación y logro de acuerdos por ser intereses específicos y no
representar intereses más generales. Lo más importante será no caer en lo que
Colombia hizo en 1990 al cambiar su Constitución, pues su crisis actual refleja
que, al parecer, no sirvió de mucho.
Los
temas a tratar girarán en torno a tener un régimen con un Estado que tenga un
rol más social, que garantice mayores y mejores derechos de salud, educación,
ambientales, derechos del agua, derecho a la vivienda, y cambiar su modelo de
sistema de pensiones, entre tantos más.
Las mayores controversias también estarán entre
los derechos ambientales y del agua. El modelo mismo de desarrollo chileno es
extractivista, por lo que chocarán irremediablemente con las posturas de
protección de ecosistemas. En lo que respecta al agua, Chile tiene una
privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión
del recurso, por lo que habrá un fuerte debate sobre si mantener los derechos
privados o ser un derecho humano básico y ser público en su totalidad.
La
participación de los pueblos originarios pondrán en la mesa el debate sobre
crear un Estado plurinacional, como sus vecinos Bolivia y Ecuador, pues en
Chile, los pueblos originarios no tienen un reconocimiento. Esto implicaría dar
garantías en términos territoriales y otorgarles una autonomía, todo esto como
una reparación histórica, producto de una marginalización de la que han sido
sujetos. Los modelos a seguir apuntan a Nueva Zelanda y Canadá.
Otro
punto de discusión será el de la distribución del poder, donde se dirima sobre
las atribuciones del titular del Ejecutivo, si conserva cierta atribuciones o
le son removidas en lo que se considera existe un régimen hiperpresidencialista.
Si
bien es cierto que el Ejecutivo puede tener demasiadas atribuciones, una de las
que no tiene es sobre el control de las Fuerzas Armadas. En la Constitución
chilena, el presidente solo asume la jefatura de las FF. AA. en tiempo de
guerra. Este poder, que asume niveles de autonomía e injerencia política desde
1980 y que tiene una pérdida de confianza hasta del 32 % en 2018-2020 por
corrupción y malversación de fondos, tiene el cuarto gasto militar más alto de
Sudamérica. Para el Doctor Augusto Varas, las FF. AA. deberían insertarse en un
marco efectivamente democrático. Para lograr este cometido, debería eliminarse
el elemento de seguridad nacional
(herencia de la tradición geopolítica que rige los principios militares en
Chile) en la nueva Constitución, pues existe una definición bastante arbitraria
de amenazas permitiendo identificar enemigos internos y externos como objetos del uso de la fuerza. Por lo que
su propuesta es introducir mejor el término de Estrategia de Defensa Nacional. Además, eliminar atribuciones del
ejército que son, o deberían ser, de exclusivo manejo por autoridades civiles.
Los
carabineros también sufrirán cambios importantes, y su polémico control de identidad, que en muchos
casos ha llevado a violaciones de los derechos humanos, tendría los días
contados.
Si
bien es cierto que, en función del artículo 135, se respetó el mantenimiento de
tratados internacionales, será interesante la postura de Chile frente a sus
vecinos después de asegurarse, o esa es la expectativa, de mejores condiciones
de vida. La Política Exterior de Chile, dirigida por sus élites, mantiene una
continuidad que se enmarca en el cumplimento cabal del modelo económico actual.
Principalmente habría que resaltar su postura con Bolivia, Perú y Venezuela por
disputas territoriales y cuestiones transfronterizas como la migración.
En
el caso de Bolivia, respecto al enclaustramiento marítimo boliviano, este país,
de acuerdo a su Constitución, seguirá reclamando una salida soberana al mar.
Para la mayoría de los bolivianos, la pobreza boliviana está relacionada con la
pérdida de la cualidad marítima, por lo que recuperar una salida soberana al
mar los haría más prósperos. Sin embargo, la mayoría de la población chilena,
se dice, harían impopular una cesión. Y desde luego, las demandas bolivianas no
tienen respaldo ni por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero,
¿acaso los chilenos no reconsiderarían su postura en un ambiente político más
progresista?
La
alta tasa de emigrantes que llegan a Chile procedentes en su mayoría de
Venezuela, y que buscan mejores condiciones y oportunidades, ha tensado también
no solo las relaciones entre gobiernos, sino entre la población en general. La
empresa de opinión pública Cadem, reporta que un 60 % de chilenos encuestados
cree que la llegada de extranjeros es mala. Existen ciertos recelos entre
algunos chilenos por las personas que son de Perú, Bolivia y Venezuela que buscan
asentarse en Chile para encontrar trabajo. En un Chile diferente, ¿estas
relaciones cambiarán de algún modo?
Este
escenario conecta tres factores importantes, las fuerzas armadas, la política
exterior y los pueblos indígenas del norte, los cuales convergen en el Norte Grande. Por lo que los nuevos
convencionales tendrán que estudiar muy bien los cambios en su política de
defensa, darles mayor libertad de decisión a los pueblos originarios y
replantear sus relaciones internacionales después de lograr un consenso
interno.
